Resumen: El recurso se desestima en cuanto a los motivos formulados por el condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 4.d CP (en redacción dada por la LO 1/2015). Se confirma la existencia de prueba de cargo suficiente, y la correcta apreciación del prevalimiento de una situación de superioridad, ya que opera tanto por razón del parentesco como por el abuso de superioridad. Asimismo, se confirma la correcta individualización de la pena y la cantidad reconocida en concepto de responsabilidad por el daño moral. No obstante, la modificación operada por la LO 10/2022 de 6 de septiembre, impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos se califican en la sentencia como constitutivos de un delito continuado de los arts. 183.1 y 4. d CP, la pena prevista para el delito era de 2 a 6 años y en virtud de lo preceptuado en el art. 183.4 del CP, la misma procede imponerla en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión. Conforme a la regulación resultante de la L.O. 10/2022 los hechos tendrían cabida en los arts. 181.1 y 181.4.e CP. Los marcos penales resultantes de la aplicación tipos son idénticos a los utilizados por la sentencia, pena tipo de 2 a 6 años de prisión, imponible en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión, por lo que no procede revisar la pena.
Resumen: Una empresa aparenta solvencia y sigue solicitando mercancías a proveedores, pese a la imposibilidad de abonarlas. Cuando vencen todos los pagarés que expidió a su favor, solicita el concurso. El concurso se considera culpable. Además, el acusado se deshace de bienes y agrava la insolvencia. Se condena al administrador único y a su mujer. Recurren los dos. Se confirma la condena del primero. Se desestiman los motivos en los que se alega vulneración de derechos fundamentales. Alcance de la casación cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Solo es necesario que se compruebe que en la causa existe prueba de signo incriminatorio o de cargo que pueda razonablemente ser calificada como suficiente. Se desestiman también los motivos que se formulan, al amparo del artículo 849.1 LECrim, por infracción de ley. Distinción entre dolo penal y civil. La criminalización de los negocios civiles y mercantiles tiene lugar, cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte. La sentencia también estudia los supuestos en los que unas dilaciones producidas después del juicio oral, e incluso después de la sentencia, pueden tener efecto atenuatorio. No puede inferirse dolo penal del hecho de que transmitiera, junto a su marido, la parte de la vivienda que correspondía a éste.
Resumen: Delito de revelación de secretos del art 197.2 CP. Sentencia absolutoria basada en que, aunque la acusada, por su condición de médico del Servicio Navarro de Salud, tenía acceso al correspondiente programa informático que permite acceder a las historias clínicas de todos los pacientes tratados por dicho organismo, también el acceso pudo provenir de otras personas. Confirmado un acceso indebido en la historia médica, queda a priori acreditada la comisión del delito enjuiciado, si bien, lo que la sentencia recurrida no entiende probado es la autoría de dicho acceso, a pesar de haberse efectuado con el usuario y contraseña de la acusada. Es factible una posible falta de correspondencia entre autoría de los accesos y huella digital, pudiendo ser el autor cualquier tercero, de entre las varias personas que disponían de la posibilidad de utilización de ese ordenador, el que pudiere haber efectuado el acceso en la historia clínica del querellante, sin conocimiento de la acusada, permaneciendo en la sesión que dicha señora había iniciado anteriormente. En la sección en que trabajaba la acusada había una situación de graves desavenencias, con múltiples accesos indebidos cruzados y varios procedimientos judiciales abiertos. Ante ello, no se aprecia que concurra motivo para estimar el el recurso.
Resumen: Abuso sexual. El recurrente alega, en primer lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se recuerda el ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, una vez cumplida la doble instancia. El motivo se desestima. El razonamiento sobre el que sostiene la declaración de responsabilidad del acusado no es, en modo, alguno arbitrario. Su suficiencia incriminatoria, obtenida a partir de distintas fuentes de prueba y de la valoración de los argumentos de descargo ofrecidos por la defensa, se acomoda al canon constitucional de apreciación probatoria. Se desestima el motivo segundo, formulado al amparo del artículo 849.1 LECrim, por infracción de ley. Se plantean cuestiones de naturaleza probatoria que exceden del cauce casacional invocado. Se rechaza rebajar a la pena como consecuencia de la entrada en vigor de la LO 10/2022. La pena impuesta en la instancia sigue situada en la mitad inferior del nuevo marco punitivo, si bien en el límite máximo. Se trata, pues, de una pena que también resulta ajustada a la nueva regulación y que no desborda las exigencias de proporcionalidad conforme a los nuevos parámetros de respuesta penal.
Resumen: Se confirma la condena de la recurrente que, incumpliendo el contrato de comisión -"mediación o corretaje"- concertado llegó a producir un engaño o ardid que hiciera que los denunciantes depositaran su confianza en ella, en la fe de que la compraventa del inmueble era factible, lo que motivó los diversos desembolsos realizados. Lo trascendente, desde una perspectiva jurídico penal, es decir, su ilicitud, viene integrada por el engaño generado a los dos perjudicados y que provocó los cuatro desplazamientos patrimoniales. La estafa puede existir tanto si la ideación criminal que el dolo representa surge en momento anterior al concierto negocial, como si surge en momento posterior, durante la ejecución del contrato. Ha habido un cambio jurisprudencial basado en la consideración de que no siempre es necesario exigir que el dolo sea antecedente, como condición absoluta de la punibilidad del delito de estafa. De mantener esta posición, impediría tener por típicos ciertos comportamientos en donde el contrato inicialmente es lícito, y no se advierte dolo alguno en el autor. Éste actúa confiado en el contrato, lo mismo que el sujeto pasivo del delito. Es con posterioridad en donde surge la actividad delictiva. En efecto, el agente idea que puede obtener un lucro ilícito, aprovechándose de las circunstancias hasta ese momento desplegadas, y conformando los factores correspondientes para producir el engaño.
Resumen: La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme a la cual, en aquellos supuestos en que sea invocado por el trabajador que un despido es discriminatorio o lesivo de un derecho fundamental, ha de aportar indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor del alegato discriminatorio, pues únicamente en dicho caso incumbe al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de despido. No se impone al empresario en tales casos que pruebe la no discriminación y la no lesión del derecho fundamental, sino que acredite la existencia de los hechos motivadores de la decisión extintiva, así como su entidad desde el punto de vista de la medida disciplinaria. Dicha entidad debe ser interpretada, no en el sentido de que la actividad o comportamiento irregular del trabajador tenga que configurar un incumplimiento pleno y total, susceptible de alcanzar la sanción del despido, sino en el que tenga base real y ofrezca suficiente consistencia. La decisión empresarial será así válida, aun cuando sin completar los requisitos para aplicar la potestad sancionadora en su grado máximo, se presente ajena a todo móvil discriminatorio o atentatorio de un derecho fundamental. Se trata de un medio de reproducción de la palabra reconocido como medio de prueba , pero no incorporado como hábil a efectos revisorios ".En relación con los mensajes de WhatsApp pueden ser de diferente tipo.Mensajes de texto encaja cn reproduccion de palabra.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que conformó la condena por un delito contra la Hacienda Pública. Doctrina de la Sala. El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales solo puede interponerse por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exige el respeto de los hechos. probados. Diferencias entre la prescripción del delito y de la infracción administrativa tributaria. La prescripción comienza cuando el delito termina y, en consecuencia, el cómputo del plazo no puede iniciarse antes de que el delito se haya perfeccionado, por la producción del resultado típico. El "derecho a comprobar e investigar" que asiste a la Administración Tributaria (artículo 66 bis de la LGT) no experimenta una extravagante resurrección en los casos en los que, ya prescrita su capacidad de comprobar e investigar, todavía no ha transcurrido el plazo de 5 años fijado para la prescripción del delito. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sociedades unipersonales. No existe responsabilidad de la sociedad cuando se trata de una entidad con un solo socio, que no goza de una propia estructura interna como para dotarla de relevancia propia, y no existe un sustrato de la suficiente complejidad como para que se la pueda considerar ese actor corporativo, con capacidad para cometer un delito corporativo al que ha de asociarse el propio de la persona jurídica.
Resumen: Recurso por interés casacional: doctrina de la Sala, ámbito del control casacional. Delito contra la integridad moral del art. 173 CP. La tipicidad requiere, de una parte, una actuación con un contenido, claro e inequívoco, vejatorio, que suponga infligir a otro un trato degradante, y, de otra, la causación de un menoscabo grave de la integridad moral. La referencia a la causación de un menoscabo no debe ser entendida como la estructuración del delito como delito de resultado. La expresión "trato" parece hacer referencia a una cierta reiteración en la conducta de degradación, una permanencia en la situación creada, si bien la jurisprudencia ha declarado que puede integrase en la tipicidad un acto puntual, aunque requiere una especial intensidad en la afectación de la dignidad humana. En el caso analizado un niño de 8 años, enfermo terminal de cáncer, a través de redes sociales, recibe frases objetivamente denigrantes; que, en sí mismas, no pueden verse amparadas en un ilimitado derecho a la libertad de expresión.
Resumen: Condena al recurrente como autor de un delito continuado de abusos sexuales del artículo 183.1.3 y 4 d) CP. Se le impone la pena máxima de doce años en atención a la gravedad de los hechos. Unos abusos sexuales a menor de edad durante cinco años con acceso carnal continuado y prevalimiento. Sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia. Función casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Examen sobre la racionalidad de la prueba. Credibilidad de la víctima. La tardanza en denunciar es habitual en las víctimas de violencia sexual por miedo a la denuncia y a lo que vendrá detrás de ella. Se alega también infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM. El motivo se desestima. Se plantean nuevamente cuestiones de naturaleza probatoria que exceden del cauce elegido. Se discute la individualización de la pena. El motivo se desestima. Es una alegación per saltum y el tribunal de instancia motivó razonadamente la pena de 12 años de prisión por la gravedad de los hechos. Adaptación a la Ley Orgánica 10/2022. No cabe rebajar la pena. Se impuso la pena máxima, no la mínima, en el arco de entre 11 y 12 años de prisión.
Resumen: Delitos de elaboración de pornografía infantil siendo la víctima menor de dieciséis años, delitos de agresión sexual por introducción de miembros corporales con un menor de dieciséis años, empleando intimidación, y delito de amenazas condicionales sin conseguir su propósito. Se denuncia la vulneración del principio acusatorio. Se descarta, pues, en el desarrollo del motivo, el recurrente no alude a vicio in iudicando alguno, sino a la contradicción que existe entre los hechos que se declaran probados y lo que entiende el recurrente que ha sido el resultado de la valoración probatoria, además de una escueta alusión a la falta de concreción en uno de los hechos. Se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia: no concurre. Se desarrollan los límites en la vía casacional del artículo 849.2 LECrim.
